El Fondo Monetario Internacional (FMI) le dio luz verde al anhelado préstamo de 1.400 millones de dólares a El Salvador, dinero fresco que oxigena la gestión del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, el pacto tiene una letra pequeña.

El alivio financiero no es incondicional. El Fondo impone al menos dos prerrogativas a Bukele para que tenga acceso a ese dinero a lo largo de 40 meses: mantener a raya el uso del bitcóin y mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Más allá de la típica receta del FMI, que implica recortes en materia fiscal para "corregir los desequilibrios macroeconómicos", la dosis diseñada para El Salvador da al traste con uno de los principales proyectos económicos de Bukele, que era la apuesta por la criptomoneda, y pone una lupa sobre las arcas del Estado.

El objetivo del programa, al menos en el papel, es que el saldo primario del Producto Interno Bruto (PIB) mejore un 3,5 %, respaldado por una "racionalización de la masa salarial", o lo que es lo mismo: recortes a los salarios o disminución del gasto público para ese apartado.

Transparencia y bitcóin

Hasta ahora, Bukele gobierna en una luna de miel. Pese a las críticas por su agresivo plan contra las pandillas, nada parece eclipsar su popularidad, sustentada en buena parte por la pacificación de un país que ha alcanzado inéditos indicadores en materia de seguridad.

El punto flaco es la opacidad. Ya sea sobre las compras de bitcóin, la asignación de contratos públicos o las cuentas de organismos, es poca la información a la que se puede acceder de manera oficial, más allá de las publicaciones que hace el mandatario en redes sociales o sus pronunciamientos en actos de Estado.

"Se espera que las mejoras previstas en materia de gobernanza y transparencia impulsen la confianza y la inversión privada", declaró el subdirector gerente y presidente interino, Nigel Clarke, quien aseguró que ya se han dado pasos en esa línea con la promulgación de una nueva legislación anticorrupción y "la publicación por la Corte de Cuentas de auditorías de estados financieros de los organismos públicos".

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Por otro lado, el FMI espera que se mejoren los procesos de contratación pública y rendición de cuentas, a la par de los mecanismos para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales. Las amarras al bitcóin, que ya no es moneda de curso legal en El Salvador, también apuntan a esa dirección.

Según Clarke, Bukele también ha accedido a reducir de manera gradual la participación del Estado en la Chivo Wallet, el monedero virtual que su Gobierno lanzó con bombos y platillos para acompañar la implementación del bitcóin. Este retroceso también representa 'plomo en el ala' para la imagen del mandatario.

En su comunicado, el vocero del Fondo insiste en la condición innegociable: "Los compromisos del programa limitarán la participación del gobierno en actividades económicas relacionadas con Bitcoin, como las transacciones y compras de Bitcoin por parte del gobierno".